domingo, 16 de octubre de 2011





DÉFICIT Y RECORTES SOCIALES


En mi anterior artículo escribía sobre la fallida “constitución europea”. Quiero resaltar hoy que aquel intento de “constitución europea”, y después el Tratado de Lisboa, quisieron sacralizar constitucionalmente las políticas de límite de déficit -o sea de recortes sociales- a nivel de la Unión Europea, y fueron los pueblos francés e irlandés los que detuvieron estos intentos con la victoria del No, lo que demuestra que los pueblos pueden expresar su oposición a estas políticas y detenerlas.

El PSOE y el PP coincidieron entonces en pedir el sí a estas políticas y en aceptar ahora el Pacto del Euro. De aquellos vientos vienen estas tempestades. La persistencia en estas políticas neoliberales va vaciando de contenido la soberanía de las naciones y de la ciudadanía en general, sustituyéndola por las decisiones no democráticas de una oligarquía que controla los mercados.

Tanto es así, que en el articulado del actual intento de cambio constitucional “exprés” que se nos ha impuesto, se dice que “el pago de la deuda será prioritario sobre cualquier otro pago o inversión contemplado en los presupuestos”. No será ni negociable. Estará por encima de cualquier otra necesidad de la ciudadanía española.

Y ya podemos ir viéndolo en la práctica. Maria Dolores de Cospedal se ha apoyado, según propia confesión, en ese cambio constitucional para realizar los tijeretazos al presupuesto de la comunidad. Por supuesto que cualquier racionalización y ahorro en la administración será siempre bienvenido. Pero, ¿de verdad alguien puede creer que despidiendo a varios cientos de trabajadores de la sanidad -médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera- va a mejorar la atención sanitaria, o, por el contrario, no va a suponer un enorme deterioro de la atención sanitaria pública?. Despidiendo a algún millar de profesores y maestros, ¿mejoramos la enseñanza o logramos arruinar la educación pública y gratuita?. Y con esos despidos, ¿mejoramos el empleo o, en realidad, aumentamos las listas del paro en otros miles de desempleados?. Si despedimos a los asistentes sociales, ¿mejorará nuestra atención a los más necesitados?. Con menos bomberos, ¿tendremos capacidad suficiente para impedir o paliar grandes catástrofes?

Si el gobierno regional paraliza todas las inversiones, ¿es que está apostando por el desarrollo y el empleo o por la recesión y el paro?.

Pues eso es lo que está sucediendo.

Hace solo dos días, un organismo tan poco sospechoso de estar de parte de los desfavorecidos como es el Fondo Monetario Internacional, advertía de que entrabamos en una situación muy peligrosa por los síntomas de estancamiento económico en la zona euro. Abandonar inversión pública o despedir a miles de trabajadores contribuye a ese estancamiento. La aprobación parlamentaria del limite de déficit también.

Pero hay algo más. La reforma constitucional se hace para “calmar a los mercados” -o sea, al capital financiero especulador-, pero contra los intereses de la ciudadanía, única soberanía admitida democráticamente.

Por eso se impulsó un referéndum frente al cambio constitucional. Los ciudadanos tenemos derecho a debatir y a sancionar o rechazar un cambio constitucional que cambia de raíz el contenido de nuestra democracia pasando de “un estado social y de derecho” a un estado impuesto por los mercados.

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