viernes, 28 de octubre de 2011







UN DEBATE BIPARTIDISTA



La propuesta de debate a dos en las televisiones de este país durante la próxima campaña electoral, ha sido recurrida por Izquierda Unida y UpyD.

Es una propuesta que ahonda en el bipartidismo reinante del que ya conocemos los resultados, no respeta la pluralidad democrática, marginando a partidos con menor incidencia hasta hoy pero que ante unas elecciones deberían tener igualdad de expresión y presencia. Intenta reducir las opciones a las dos R -Rajoy, Rubalcaba-, que por cierto coinciden con una tercera R: Recortes.

Podrán disputar sobre el presente y el pasado, descalificarse y hasta insultarse, pero eso no debería impedirnos ver el fondo de lo que proponen ambos: más de lo mismo.

Nos lo dijo con absoluta claridad Juan Rosell, presidente de la CEOE, cuando en la rueda de prensa de presentación del documento “propuesta de los empresarios para superar la crisis”, indicaba que los programas de PSOE, PP, UpyD, CiU y PNV encajaban con sus propuestas. Los periódicos apuntaban: “Juan Rosell, aseguró ayer que los borradores de programas de PSOE, PP, CiU, PNV y UPyD «no suenan mal» y «van en la línea de lo que pedimos»”. Y la “línea” que piden es la de siempre, abaratar aún mas el despido mediante otra reforma laboral, reducir el déficit mediante más recortes sociales, abrir el camino al copago o repago en sanidad, nula preocupación por la escuela pública, reducción de cotizaciones sociales -a este paso sí que van a acabar con el futuro de las pensiones-, instan a concluir el proceso de bancarización y privatización de las cajas -aunque eso ya lo han conseguido- y, respecto al medio ambiente, solo les preocupa que las medidas de protección no disminuyan sus beneficios -sus sagrados beneficios-.

Con esos datos, podemos afirmar que el verdadero debate no está entre las dos R, sino entre los que apuestan por salir de la crisis haciendo recaer todo el peso de la misma sobre las espaldas de las clases populares, y quienes creemos que deben producirse cambios en las finanzas y la economía productiva, que controlen a las primeras y dinamicen a las segundas sin perjudicar a los trabajadores. O sea, entre la defensa de la mayoría de los ciudadanos, y los que defienden un capitalismo de casino que ha provocado la crisis dañando a millones de personas y que, últimamente, cansado de engullir parados, parece abocado a devorarse a si mismo, provocando un verdadero desastre social.


Pedro Bolívar Reverte

domingo, 16 de octubre de 2011





DÉFICIT Y RECORTES SOCIALES


En mi anterior artículo escribía sobre la fallida “constitución europea”. Quiero resaltar hoy que aquel intento de “constitución europea”, y después el Tratado de Lisboa, quisieron sacralizar constitucionalmente las políticas de límite de déficit -o sea de recortes sociales- a nivel de la Unión Europea, y fueron los pueblos francés e irlandés los que detuvieron estos intentos con la victoria del No, lo que demuestra que los pueblos pueden expresar su oposición a estas políticas y detenerlas.

El PSOE y el PP coincidieron entonces en pedir el sí a estas políticas y en aceptar ahora el Pacto del Euro. De aquellos vientos vienen estas tempestades. La persistencia en estas políticas neoliberales va vaciando de contenido la soberanía de las naciones y de la ciudadanía en general, sustituyéndola por las decisiones no democráticas de una oligarquía que controla los mercados.

Tanto es así, que en el articulado del actual intento de cambio constitucional “exprés” que se nos ha impuesto, se dice que “el pago de la deuda será prioritario sobre cualquier otro pago o inversión contemplado en los presupuestos”. No será ni negociable. Estará por encima de cualquier otra necesidad de la ciudadanía española.

Y ya podemos ir viéndolo en la práctica. Maria Dolores de Cospedal se ha apoyado, según propia confesión, en ese cambio constitucional para realizar los tijeretazos al presupuesto de la comunidad. Por supuesto que cualquier racionalización y ahorro en la administración será siempre bienvenido. Pero, ¿de verdad alguien puede creer que despidiendo a varios cientos de trabajadores de la sanidad -médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera- va a mejorar la atención sanitaria, o, por el contrario, no va a suponer un enorme deterioro de la atención sanitaria pública?. Despidiendo a algún millar de profesores y maestros, ¿mejoramos la enseñanza o logramos arruinar la educación pública y gratuita?. Y con esos despidos, ¿mejoramos el empleo o, en realidad, aumentamos las listas del paro en otros miles de desempleados?. Si despedimos a los asistentes sociales, ¿mejorará nuestra atención a los más necesitados?. Con menos bomberos, ¿tendremos capacidad suficiente para impedir o paliar grandes catástrofes?

Si el gobierno regional paraliza todas las inversiones, ¿es que está apostando por el desarrollo y el empleo o por la recesión y el paro?.

Pues eso es lo que está sucediendo.

Hace solo dos días, un organismo tan poco sospechoso de estar de parte de los desfavorecidos como es el Fondo Monetario Internacional, advertía de que entrabamos en una situación muy peligrosa por los síntomas de estancamiento económico en la zona euro. Abandonar inversión pública o despedir a miles de trabajadores contribuye a ese estancamiento. La aprobación parlamentaria del limite de déficit también.

Pero hay algo más. La reforma constitucional se hace para “calmar a los mercados” -o sea, al capital financiero especulador-, pero contra los intereses de la ciudadanía, única soberanía admitida democráticamente.

Por eso se impulsó un referéndum frente al cambio constitucional. Los ciudadanos tenemos derecho a debatir y a sancionar o rechazar un cambio constitucional que cambia de raíz el contenido de nuestra democracia pasando de “un estado social y de derecho” a un estado impuesto por los mercados.






Fórmulas privatizadoras encubiertas en sanidad


Tan solo resaltar que existen muy variadas formas de iniciar o potenciar la privatización de la sanidad.

En realidad en nuestro país no ha existido nunca una universalización completa de la sanidad, pensemos por ejemplo en las mutuas patronales que tratan accidentes laborales, o mejor dicho, remiten a la sanidad pública estos accidentes y enf. profesio nales aunque les pertenezca a ellos su tratamiento. O en la MUFACE para prestar asistencia a los funcionarios públicos y altos cargos de la administración a través de aseguradoras privadas. Hoy solo sirve para tener a libre disposición al médico de familia y al especialista porque para cualquier otro problema se acude a la sanidad pública.

Por supuesto, la externalización de servicios y los convenios con entidades privadas son otra forma de privatización de la sanidad pública y potenciación de la privada. La promoción del aseguramiento privado mediante desgravaciones fiscales de los seguros complementarios de empresa; la fragmentación de la red hospitalaria pública en múltiples empresas independientes entre sí, gestionadas de acuerdo a distintos modelos empresariales como Fundaciones Sanitarias, Consorcios, Concesiones Administrativas, Sociedades, etc., son parte de ese impulso, privatizador.

Pero quizá la forma más sutil de todas porque pasa casi imperceptible para los ciudadanos, sea la privatización de la financiación de la construcción y gestión de los nuevos hospitales, mediante los llamados contratos de colaboración público-privados o la privatización de la Atención Primaria mediante cooperativas privadas de asistencia. Su desarrollo se ha producido sobre todo en Madrid y Cataluña.

Ambos sistemas llevan aparejada la cesión de la asistencia hospitalaria y de la AP de su área de salud a esas empresas, aseguradoras privadas o cooperativas.

En Inglaterra llevan más de 20 años implantando ese sistema. Su experiencia indica:

1.- Deterioro continuo del que fue probablemente el mejor servicio de salud del mundo (National Health Service), del que todos aprendimos para aplicarlo a nuestro país. Por supuesto hay más factores en el deterioro.

2.- En contra de lo que presuponían, un notable incremento de los costes burocráticos debido a la necesidad de planificación y cuantificación económica del área a convenir, realización del convenio, supervisión del mismo, revisiones, etc. Se tuvo que crear un área burocrática dentro del NHS dedicada a estos menesteres.

3.- Aumento de costes pero, sobre todo, incrementos constantes de los mismos. Cualquier excusa vale a las empresas concesionarias para poner sobre el tapete incrementos de la cuantía dineraria de los convenios: un aumento de la población, la introducción de nuevas técnicas diagnósticas, la aparición de una nueva epidemia, la exigencia de una nueva prueba de laboratorio para evitar contagios o efectos secundarios, etc. Al final ocurre lo mismo que cuando se privatizan servicios en otras administraciones, que empiezan siendo discretamente superiores o iguales a su gestión pública y acaban incrementando su coste de forma astronómica.

4.- La otra forma de potenciar las ganancias se basa en la explotación de los trabajadores, menos personal con menos derechos.





¿COPAGO O REPAGO?


La pregunta no es baladí ya que en la práctica pagamos todos nuestra sanidad a través de los impuestos. A cuento de qué llamar copago a lo que es en realidad volver a pagar por un servicio ya costeado por nosotros. Como sabemos que el lenguaje nunca es inocente, queremos destacar esta contradicción que intenta justificar una posición ideológica que asume, por principio, que resulta imposible sufragar la sanidad exclusivamente a través de los presupuestos estatales. Pero, ¿es cierta esa aseveración?.

Si realizamos una sencilla comparación con los países de nuestro entorno, veremos que estos gastan alrededor del 9% de su PIB en el sostenimiento de su sanidad pública, mientras España solo el 7% en el mismo menester. Luego todavía tenemos un amplio margen diferencial con respecto a la mayoría de la UE a 15 (países con los que deberíamos compararnos y converger).

Pero en el fondo de lo que se trata es de evitar plantear el problema de la forma más integradora socialmente: sí se precisan más aportaciones habrá que sacarlas de donde estas están, de la contribución fiscal de los más ricos, de forma que cumplamos el mandato constitucional de la función social de la riqueza. Eso es lo que no quiere plantearse.

Además, el repago, no puede contribuir a financiar la sanidad y sí, únicamente, a que esta sea más discriminatoria. Veámoslo.

Todos los expertos progresistas coinciden en que de instaurarse la fórmula del repago, esta tendría que ser exclusivamente circunscrita a determinados procesos asistenciales -por ejemplo, visitas al especialista-, ya que en otros servicios es imposible -por ejemplo, urgencias, que por principio debe estar abierta a cualquier paciente, incluso desde un punto de vista deontológico- y ser de escasa cuantía. En estas condiciones, probablemente sea más caro el aparato burocrático necesario para el cobro que el beneficio obtenido. Y a quién no pague, ¿se le va a denegar la asistencia?, ¿se va a pasar a vía ejecutiva por unos 4 o 5 euros?, ¡ que disparate!.

Y es discriminatoria porque solo puede disuadir de acudir a un servicio sanitario determinado a aquellas personas en peor situación económica. Los ciudadanos con una mejor estabilidad económica no van a dejar de acudir a la atención sanitaria por culpa del repago, con lo que el argumento esgrimido por los partidarios del repago de disminuir las atenciones innecesarias se cae por su peso. Además, habría que ver quién está capacitado para decidir que una determinada atención es innecesaria. No parece que deba ser el propio paciente, y menos mediatizado por cuestiones económicas. Deberá decidirlo un facultativo tras un acto asistencial. Hacerlo recaer sobre otras instancias no parece nada racional.

Así que el repago no debería implantarse en todo aquello que tenga que ver con actos asistenciales. ¿Puede aplicarse en otros aspectos del proceso asistencial?. Sí, claro. De hecho ya existe en el ámbito del medicamento desde hace muchos años. Pagamos una parte del mismo. No deja de ser una discriminación. Y desde luego no ha sido el factor que ha permitido ninguna mejora de la asistencia sanitaria del país.





DESMEMORIA PROGRAMADA


Hay hechos que son continuamente recordados por los poderes políticos y mediáticos aprovechando acontecimientos similares o en su fecha conmemorativa, en cambio otros son sistemáticamente silenciados hasta el punto de que pueden borrarse de la memoria colectiva de sus protagonistas. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de que en este país se hizo un referéndum sobre una llamada “constitución europea” el 20 de febrero de 2005?. No hace tanto tiempo, y sin embargo parece como si nunca hubiera existido.

Se oculta porque supuso un enorme fiasco para el gobierno de Zapatero que propugnó su realización y consiguió que hiciéramos el ridículo ante toda Europa, precisamente por salir aprobada esa inexistente constitución, para después ser rechazada por los ciudadanos de dos países fundadores de la UE en sendos referendos: Francia y Holanda. Y nunca más se supo de esa maravillosa constitución. Así que mejor ni acordarnos.

Pero la cuestión es más grave que el simple ridículo que se nos hizo pasar, porque esa supuesta constitución - una constitución solo puede ser elaborada por una asamblea constituyente elegida con esa finalidad, y solo después sometida a referéndum-, repito, porque esa supuesta constitución contenía todos los elementos de la actual política económica neoliberal de la UE, la de la crisis, con sus recortes sociales, su imposición de déficit cero, su protección a los mercados y desprecio a los derechos laborales, etcétera. Se pretendía que esa política neoliberal, al estar contenida en los textos y consagrada en los referendos sucesivos fuera inamovible. En Francia y Holanda, se produjo una importante discusión sobre esos temas, y triunfó el no.

Veamos lo sucedido en los tres referendos efectuados:

España (20 de febrero de 2005)

Participación....................................................................42,32 %

Sí......................................................................................76,73 %

No.....................................................................................17,24 %


Francia (29 de mayo de 2005)

Participación......................................................................69,34 %

Sí........................................................................................45,32 %

No.......................................................................................54,68 %


Holanda (1 de junio de 2005)

Participación.......................................................................63,3 %

Sí.........................................................................................38,5 %

No........................................................................................61,5 %


De estos datos podemos deducir varias cosas. La primera, la importante participación en el referéndum de franceses (69,34%) y holandeses (63,30), frente al escaso 42,32 % de participación en España. El poco interés de los españoles por el referéndum es achacable a que solo se oyó a la parte que preconizaba el sí. No hubo igualdad de condiciones para quienes preconizábamos el no. El resultado fue una participación menor al 50 %. El contento del gobierno por el triunfo del sí solo puede tener explicación desde la óptica de anteponer resultados prácticos a principios democráticos.

En Francia y Holanda, donde sí se discutió entre las diversas opciones presentes en un referéndum, hubo una buena participación y triunfó el no.

Visto el resultado la UE renunció a nuevos referendos y clausuró la “constitución” que habíamos aprobado los españoles.

Mi impresión es que se trata de una manifestación más de un bipartidismo impuesto que reduce cualquier expresión ajena al tándem PP-PSOE, sobre todo en cuestiones en que ambas formaciones están de acuerdo. La supremacía de ese bipartidismo en el espacio político y mediático elimina cualquier otra posibilidad, por justa que pudiera ser, como en este caso en que es apoyada mayoritariamente por los ciudadanos holandeses y franceses. Demuestra una vez más que la tenaza bipartidista es la gran baza del sistema para su propio mantenimiento, actúa contra una mayor participación ciudadana y daña enormemente la calidad de nuestra democracia.